Las zonas francas son un instrumento de política económica que muchos conocen por su relación con el comercio exterior, pero pocos analizan desde la perspectiva del sector construcción. Sin embargo, la instalación, expansión y modernización de zonas francas en Argentina genera una demanda específica y sostenida de obras de infraestructura: galpones, depósitos, pavimentos industriales, redes de servicios, obras de acceso, cerramientos perimetrales y edificios administrativos. Para las empresas de excavación, demolición y construcción, este mercado tiene características particulares que vale la pena conocer.
El mapa de las zonas francas en Argentina
Argentina tiene 24 zonas francas habilitadas, distribuidas en distintas provincias. Las más activas en términos de movimiento comercial son la Zona Franca La Plata (la más importante del país por volumen), la Zona Franca Mendoza, la Zona Franca Córdoba y la Zona Franca Gualeguaychú. También hay zonas francas de menor escala en Tucumán, Santiago del Estero, Bahía Blanca y otras localidades. El régimen está regulado por la Ley 24331 de 1994 y sus decretos reglamentarios. Cada zona franca es administrada por un concesionario privado que tiene la responsabilidad de construir y mantener la infraestructura, bajo supervisión de la Aduana.
Qué obras demandan las zonas francas
Las necesidades de infraestructura de una zona franca son amplias y permanentes. En la etapa de desarrollo inicial, las obras incluyen: movimiento de suelos a gran escala (nivelación de terrenos industriales de cientos de hectáreas), construcción de pavimentos industriales de hormigón (de alto espesor y resistencia), instalación de redes de agua, cloacas, gas e incendio, obras de acceso vial y ferroviario, cerramientos perimetrales de alta seguridad con equipamiento electrónico, y edificios de administración y servicios. En la etapa de operación, aparecen demandas continuas de mantenimiento y expansión: nuevas naves para usuarios que crecen, ampliaciones de redes, repavimentaciones. La demanda es cíclica pero previsible.
Las zonas francas en el contexto de la apertura económica 2024-2025
El gobierno de Milei impulsó medidas de apertura económica que aumentaron el interés de inversores en las zonas francas como plataforma de importación, procesamiento y reexportación. La reducción de aranceles y la simplificación del comercio exterior generaron una demanda creciente de espacio en las zonas francas existentes, especialmente en la de La Plata. Esto se tradujo en pedidos de ampliación de infraestructura por parte de los concesionarios: más naves, más playas de contenedores, más oficinas. Hay también interés en crear nuevas zonas francas en provincias del norte que buscan atraer inversión y mejorar su inserción en el comercio regional (especialmente con Brasil, Bolivia y Paraguay).
Cómo acceder a contratos en zonas francas
El acceso a contratos de construcción en zonas francas tiene sus particularidades. Los concesionarios de las zonas francas son privados, pero muchas veces tienen procedimientos de compra propios —similares a los de empresas industriales privadas— más que a las licitaciones públicas. Para ingresar a trabajar dentro de una zona franca, la empresa debe cumplir requisitos aduaneros específicos: habilitación previa, declaración de materiales y herramientas que ingresan, y cumplimiento de procedimientos de salida. Esto no es un obstáculo insuperable, pero requiere conocerlo de antemano. Las empresas que ya trabajaron en zonas francas tienen una ventaja real sobre las que no, porque conocen la operatoria.
Demolición en zonas francas: el caso de instalaciones obsoletas
Un nicho específico para empresas de demolición es la remoción de instalaciones obsoletas dentro de zonas francas. Naves antiguas que no cumplen con los estándares de seguridad actuales, depósitos de asbesto que requieren demolición controlada, tanques y cisternas fuera de uso, infraestructura de servicios anticuada. Estas demoliciones tienen complejidades adicionales: deben ejecutarse sin interrumpir la operación de las instalaciones vecinas (que están en pleno funcionamiento comercial), con procedimientos aduaneros para la salida de escombros, y con planes de manejo de residuos especiales en muchos casos. Son contratos que requieren experiencia y especialización, y por eso tienen menor competencia que las demoliciones convencionales.