En Argentina, el reciclado de escombros de construcción no es solo una buena práctica ambiental: en muchas jurisdicciones es una obligación legal. Las empresas de excavación y demolición que generan Residuos de Construcción y Demolición (RCD) deben conocer qué normativa aplica, cómo clasificar los materiales, y qué destinos son legalmente habilitados. Operar sin un plan de gestión de RCD expone a la empresa a multas, clausuras y responsabilidad civil.
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Marco normativo nacional: Ley 25.916 y Decreto 831/93
La Ley Nacional 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios fija presupuestos mínimos de protección ambiental y promueve la valorización de los residuos domiciliarios (art. 4). Su texto no menciona los residuos de construcción y demolición: cada jurisdicción define cómo se gestionan. El Decreto 831/93 reglamenta la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos: si en la demolición aparecen materiales con asbesto (Y36) o compuestos de plomo (Y31), categorías del Anexo I de esa ley, esos escombros dejan de ser inertes y pasan a ser peligrosos, con un régimen de gestión distinto. A nivel municipal, ciudades como CABA, Rosario y Córdoba capital tienen ordenanzas específicas que obligan a separar los RCD en origen: hormigón y mampostería por un lado, maderas por otro, metales por otro. Esta segregación en obra es el primer paso del proceso de reciclado.
Qué materiales se pueden reciclar y cómo
Los áridos reciclados (triturado de hormigón, mampuesto y cerámica) son el principal producto del reciclado de escombros. Se utilizan como relleno compactado, sub-base de pavimentos, y en algunos casos como árido en hormigón no estructural. Para que un árido reciclado sea comercializable, la empresa trituradora debe contar con habilitación provincial y el material debe cumplir con las normas IRAM aplicables (IRAM 1666 para áridos). Las maderas y metales de demolición tienen mercado propio: ferreterías, carpinteros y chatarrerías los absorben siempre que estén separados limpiamente. El vidrio, plástico y yeso tienen circuitos de reciclado más limitados pero existen operadores habilitados. Lo que no puede reciclarse debe ir a una planta de disposición final habilitada, no a un baldío o predio clandestino.
Obligaciones del generador: Plan de Gestión de RCD
Según la jurisdicción de la obra (la Ley 1854 de CABA no menciona los RCD), el generador de RCD —es decir, la empresa constructora o demoledora— puede tener obligaciones concretas: elaborar un Plan de Gestión de RCD antes de iniciar la obra, designar un responsable técnico para el seguimiento, contratar únicamente transportistas y disposidores habilitados, y conservar los manifiestos de transporte durante el plazo que fije la norma de tu jurisdicción. El incumplimiento puede derivar en multas (cuyo monto varía por jurisdicción y se actualiza), paralización de obra y registro negativo ante los organismos de control. Para armar estos planes correctamente, consultá a un profesional habilitado.
Plantas de reciclado habilitadas y trazabilidad
El circuito legal exige que los escombros vayan a plantas de tratamiento o reciclado habilitadas por el organismo ambiental provincial. En la Provincia de Buenos Aires actúa el Ministerio de Ambiente (que sucedió al OPDS); en CABA, la APRA (Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, creada por la Ley 2.628); en Córdoba, la Secretaría de Ambiente. Estas plantas emiten un certificado de recepción que el generador debe conservar. La trazabilidad documental —desde la salida del escombro hasta su destino final— es lo que diferencia a una empresa formal de una informal, y es lo primero que controla una inspección. Sin esa cadena documental, aunque el material haya ido a un lugar correcto, la empresa no puede demostrarlo.
Fuentes y vigencia
Última verificación: 27/10/2026
Revisado el 27/10/2026. Qué se corrigió:
- La página traía una multa máxima en pesos, un plazo de conservación de manifiestos, una modificación legal sin releer y una promesa de orientación técnica de CAEDE. No pudimos respaldar con una fuente releída hoy esos valores ni esas afirmaciones, así que se quitaron y no se reemplazaron por otra cifra.
- Ahora la página indica qué pedir por escrito (presupuesto, condiciones y documentación) y a qué fuente oficial remitirse.
- La Ley 24.051 se releyó el 27/10/2026 en el texto de Argentina.gob.ar: rige de forma directa en jurisdicción nacional o con traslado entre provincias, y cada jurisdicción dicta sus normas; se ajustó la frase que la presentaba como régimen único.
- La Ley 25.916 (Gestión de Residuos Domiciliarios, B.O. 07/09/2004) se releyó el 27/10/2026 en el texto de Argentina.gob.ar: fija presupuestos mínimos de protección ambiental para residuos domiciliarios y su texto no menciona los residuos de construcción ni los escombros. Se ajustó la frase que se la atribuía.
- El Decreto 831/93 (B.O. 03/05/1993) se releyó el 27/10/2026 en el texto de Argentina.gob.ar: reglamenta la Ley 24.051; las categorías de residuos peligrosos (por ejemplo Y8, Y31 e Y36) y la lista de características están en los Anexos I y II de la Ley 24.051, no en el decreto. Se ajustó la frase.
- La Ley 1854 (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, "Basura Cero") se releyó el 27/10/2026 en el texto del Digesto de la Ciudad: regula los residuos sólidos urbanos y su texto no menciona la construcción, la demolición ni los escombros. Se ajustó la frase que se la atribuía.
- El OPDS ya no figura como autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires. Se releyó el 27/10/2026 el texto de la Ley 15.477 (Ley de Ministerios, vigente desde el 01/01/2024): no nombra al OPDS y su art. 20 pone al Ministerio de Ambiente como autoridad de aplicación de la Ley 11.723 y de las demás normas ambientales complementarias; el art. 64 deroga las Leyes 15.164 y 15.309. El texto de la Ley 15.164 en normas.gba.gob.ar marca suprimido el título del OPDS y aclara que el Ministerio de Ambiente absorbió sus funciones y es su continuador institucional. La página de normativa ambiental del Ministerio se leyó el mismo día. Se ajustaron las frases que atribuían trámites al OPDS.
- El 30/10/2026 se leyó la Ley 2.628 de la Ciudad (texto en SAIJ, publicada en el Boletín Oficial el 17/01/2008): el art. 1 crea la Agencia de Protección Ambiental (APRA) como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; el texto no menciona a la ACUMAR ni a la AGCBA. Se quitó la frase que presentaba a la APRA como sucesora de esos organismos. No se leyó qué norma habilita a la APRA para las plantas de reciclado ni las normas de Córdoba.