La informalidad en la construcción no es un problema nuevo. Es una herida crónica que el sector arrastra desde décadas y que destruye valor en múltiples dimensiones simultáneamente: daña a los trabajadores que operan sin protección, perjudica a las empresas formales que no pueden competir en igualdad de condiciones, distorsiona los mercados y genera externalidades negativas para toda la sociedad. Desde CAEDE, elegimos hablar de esto sin eufemismos. La informalidad nos afecta a todos, y la única manera de atacarla es entendiendo sus causas reales.
La magnitud del problema: los números que nadie quiere ver
Las estimaciones de informalidad laboral en el sector de la construcción en Argentina son sistemáticamente altas. Según distintas fuentes —UOCRA, AFIP, INDEC— el porcentaje de trabajadores de la construcción que opera en negro total o parcial se ubica históricamente entre el 40% y el 50%. En algunos segmentos y regiones, la proporción puede ser aún mayor.
Estas cifras no son accidentales. Son el resultado de un ecosistema de incentivos distorsionados que hace que operar en negro sea, en el corto plazo, más rentable que cumplir con todas las obligaciones legales. El problema no son los empresarios 'malos' que eligen la informalidad: es que el sistema está diseñado de una manera que hace muy costoso cumplir.
La informalidad no se limita a la relación laboral. También incluye obras realizadas sin permiso municipal, materiales comprados sin factura, empresas que operan sin habilitación ni seguro de responsabilidad civil, y contratistas que no pueden justificar sus ingresos ante AFIP. Es un ecosistema completo que funciona en paralelo al sector formal y lo erosiona sistemáticamente.
Por qué existe: las causas estructurales
Para combatir la informalidad hay que entender por qué existe. Las causas son múltiples y se retroalimentan:
Costo del empleo formal excesivo: El diferencial entre el salario neto de un trabajador y el costo total para la empresa (incluyendo cargas sociales, aportes al convenio, ART, etc.) puede llegar al 80-100% en algunos casos. Para una empresa que compite en precio, este diferencial es una barrera enorme.
Complejidad administrativa: Registrar un trabajador en la construcción implica interactuar con múltiples organismos (AFIP, ANSES, UOCRA, INSSJP, ART). El costo administrativo y de cumplimiento es desproporcionado para empresas pequeñas, que son la mayoría en el sector.
Demanda informal: Los clientes —tanto particulares como empresas— muchas veces demandan servicios sin factura para evitar el IVA o para no tener que justificar el origen de los fondos. Esta demanda de informalidad del lado del cliente es un factor que las empresas formales deben saber resistir.
Ciclos de actividad cortos: La construcción tiene picos y valles de demanda. En picos, es tentador contratar trabajadores informalmente para escalar rápido. En valles, los trabajadores informales se pueden desafectar sin costos de despido. Esta flexibilidad ilegal es funcional al modelo de muchas empresas.
El daño real: quiénes pierden con la informalidad
Los trabajadores son las primeras víctimas. Un trabajador en negro no tiene cobertura de salud a través de la obra social, no acumula aportes jubilatorios, no tiene acceso al seguro de desempleo sectorial (FONDESEC) y, lo más crítico, no tiene cobertura de ART ante accidentes de trabajo. En una actividad con altos índices de siniestralidad como la construcción, trabajar sin ART es una apuesta con la vida.
Las empresas formales pierden competitividad. Cuando un contratista informal puede ofertar precios un 20-30% más bajos simplemente porque no paga cargas sociales ni impuestos completos, la competencia es imposible sin bajar al mismo nivel de incumplimiento. Esto genera una presión a la baja que arrastra hacia la informalidad incluso a empresas que preferirían operar en regla.
El Estado pierde recaudación fiscal y previsional. Cada trabajador informal es un trabajador que no aporta a la seguridad social, que no contribuye al sistema de salud ni al jubilatorio. A largo plazo, este déficit se convierte en mayor presión sobre el sistema previsional y los hospitales públicos.
La sociedad pierde en términos de seguridad y calidad constructiva. Las obras realizadas fuera de los canales formales frecuentemente prescinden de dirección técnica profesional, de control municipal y de los estándares mínimos de calidad constructiva. Las consecuencias pueden ser trágicas.
Lo que no funciona: los enfoques que no resuelven el problema
La respuesta habitual ante la informalidad es más fiscalización. Y sí, la fiscalización es necesaria. Pero si no va acompañada de una reducción del costo del cumplimiento, solo desplaza el problema: los informales se vuelven más cuidadosos, pero no se formalizan.
La amenaza de multas y clausuras funciona como disuasor en el margen, pero no ataca las causas estructurales. Una empresa que no puede pagar las cargas sociales y seguir siendo rentable no se va a formalizar por miedo a una inspección — va a tomar precauciones para no ser detectada.
Las blanqueos y moratorias periódicas tienen un efecto perverso: generan expectativas de que eventualmente habrá otra oportunidad de ponerse al día sin pagar el costo total del incumplimiento. Esto debilita el incentivo a cumplir de manera continua.
Lo que sí funciona, según la evidencia internacional, es una combinación de reducción del costo del cumplimiento (cargas patronales más bajas o diferenciadas para pequeñas empresas), simplificación administrativa y beneficios tangibles para las empresas formales (acceso a licitaciones públicas, líneas de crédito preferentes, etc.).
La posición de CAEDE: formalidad como ventaja competitiva
CAEDE no solo representa a las empresas del sector excavación y demolición — es un espacio donde las empresas formales encuentran voz y herramientas para competir mejor. Nuestra posición es clara: la formalidad debe convertirse en una ventaja competitiva, no en una desventaja.
Para eso trabajamos en varios frentes:
- Advocacy ante organismos del Estado para reducir la carga sobre el empleo formal en el sector.
- Capacitación para que las empresas asociadas entiendan y cumplan sus obligaciones de manera eficiente, minimizando costos administrativos.
- Certificación sectorial que permita a los clientes —públicos y privados— identificar y preferir a las empresas que operan en regla.
- Redes de proveedores que conecten a empresas formales entre sí, reduciendo la exposición a cadenas de valor informales.
La informalidad no se va a resolver sola. Necesita acción coordinada del Estado, los sindicatos y las cámaras empresarias. CAEDE está en esa mesa y va a seguir estando.