El blanqueo de capitales aprobado en 2024 generó un movimiento inusual en el mercado inmobiliario argentino: miles de millones de dólares que volvieron a la economía formal con destino preferencial hacia ladrillos. El efecto sobre la construcción fue real, aunque desigual: algunas empresas vieron crecer su cartera de proyectos, otras encontraron que la demanda se concentró en inmuebles terminados y no en obra nueva. Un año después del cierre del blanqueo, el sector analiza qué quedó y qué viene.
Cómo funcionó el blanqueo y por qué los inmuebles fueron el destino elegido
El régimen aprobado por el Congreso en 2024 permitió exteriorizar activos no declarados pagando una alícuota diferencial, con la posibilidad de ingresar los fondos en distintos instrumentos: cuentas bancarias, títulos públicos, o inversión directa en inmuebles. La categoría inmobiliaria fue una de las más elegidas por varias razones. Primero, el ladrillo es culturalmente el activo de reserva por excelencia del argentino. Segundo, la posibilidad de escriturar propiedades a valor real —sin las implicancias fiscales anteriores— fue un incentivo concreto. Tercero, con el cepo cambiario todavía parcialmente vigente, los inmuebles en pesos o en dólares bolsa eran una salida más accesible que otros instrumentos. El resultado fue un pico de escrituraciones en CABA y el Gran Buenos Aires durante el último trimestre de 2024, con precios que en algunas zonas subieron entre un 15% y un 25% en dólares.
Impacto directo en la construcción: ¿hubo derrame real?
La pregunta que se hizo todo el sector es si el blanqueo generó obra nueva o solo movió inmuebles ya existentes. La respuesta es: principalmente lo segundo, con algunos focos de excepción. La mayor parte del capital blanqueado fue a compras de departamentos terminados, cocheras, locales comerciales y terrenos en zonas premium. La obra nueva sí recibió un impulso, pero concentrado en algunos segmentos: desarrollos en pozo en zonas de moda (Palermo, Núñez, Belgrano en CABA; Canning, Nordelta, Pilar en GBA), y propiedades de alto valor en Mendoza, Córdoba y Rosario. Las empresas de excavación y demolición captaron parte de ese impulso en la etapa de preparación de terrenos para nuevos desarrollos, especialmente en zonas donde había que demoler estructuras existentes para levantar edificios nuevos.
El mercado de demolición ante el boom de renovaciones
Un efecto colateral del blanqueo que pocas veces se analiza es el impulso a las renovaciones de alto estándar. Cuando hay capital disponible y la economía empieza a estabilizarse, los propietarios que tenían inmuebles en estado de abandono o deterioro aceleran las reformas. Esto generó demanda de trabajos de demolición parcial, readecuación estructural y movimiento de escombros en edificios de propiedad horizontal, casas de alto valor y naves industriales reconvertidas. El segmento de demolición selectiva —donde se preserva la estructura pero se remueve el interior— creció notablemente en 2025 en zonas de Buenos Aires como San Telmo, Palermo Soho y Colegiales, donde el stock de edificios viejos es alto y la demanda de refuncionalización también.
Riesgos del ciclo post-blanqueo: ¿puede sostenerse la demanda?
Los blanqueos son fenómenos de demanda concentrada en el tiempo: generan un pico de actividad que luego se normaliza o cae. El sector inmobiliario y de la construcción necesita prepararse para ese ciclo. Hay señales de que parte de la demanda que sostuvo los precios en 2024-2025 puede debilitarse en 2026, especialmente si la estabilización macroeconómica genera alternativas de inversión más competitivas (plazos fijos en dólares, obligaciones negociables, acciones). Las empresas constructoras con ciclos largos —las de infraestructura y grandes obras— son menos sensibles a esta volatilidad que las de obra residencial. Las de demolición y excavación, que trabajan en etapas tempranas, pueden anticipar la caída de demanda con mayor anticipación que el resto de la cadena.
Regulación y cumplimiento: lo que las empresas del sector deben saber
Para las empresas constructoras que recibieron contratos financiados con capital blanqueado, hay obligaciones de cumplimiento que no pueden ignorarse. El régimen de prevención de lavado de activos (Ley 25.246 y las resoluciones de la UIF) exige a los Sujetos Obligados —entre los que están los escribanos, inmobiliarias y algunas constructoras— reportar operaciones inusuales y cumplir con debida diligencia de clientes. Una empresa de construcción que recibe un pago en efectivo por obras, o que factura a través de estructuras societarias complejas, puede quedar expuesta a investigaciones de la UIF. CAEDE recomienda a sus asociados consultar con asesoría legal especializada antes de incorporar clientes cuyo origen de fondos no esté debidamente documentado.