La demolición subterránea de sótanos, cisternas y estructuras bajo nivel de suelo representa uno de los trabajos de mayor complejidad técnica en la industria de la construcción argentina. A diferencia de la demolición convencional, intervenir en el subsuelo implica riesgos adicionales: riesgo de colapso de estructuras adyacentes, afectación de napas freáticas, interferencia con servicios públicos enterrados y condicionantes geotécnicos variables. La normativa vigente —encabezada por el Decreto 911/96 y los códigos de edificación municipales— establece protocolos específicos que toda empresa debe conocer y cumplir antes de iniciar cualquier tarea bajo nivel de suelo. Verificá con la autoridad correspondiente.
Marco normativo aplicable a demoliciones subterráneas
El Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción) es la norma madre que regula las condiciones de trabajo en excavaciones y demoliciones, incluyendo las subterráneas. Su Capítulo 17 establece requisitos de entibamiento, ventilación y control de filtraciones para trabajos bajo nivel de suelo. A nivel municipal, el Código de Edificación de CABA (Ley 962) y sus equivalentes provinciales exigen la presentación de un Proyecto de Demolición Subterránea rubricado por profesional habilitado, que contemple: estudio de suelo previo, esquema de apuntalamiento de medianeras y estructuras vecinas, plan de achique de agua subterránea y protocolo de manejo de residuos generados. En GBA, cada municipio puede imponer requisitos adicionales según la profundidad de la excavación y la proximidad a edificios linderos. La Ley 24.051 de Residuos Peligrosos aplica cuando el suelo subterráneo presenta contaminación previa o cuando se manipulan materiales con asbesto o plomo en estructuras antiguas.
Requisitos técnicos para la demolición de sótanos y cisternas
Antes de iniciar cualquier demolición subterránea, la empresa debe obtener los siguientes documentos: permiso de demolición municipal, estudio geotécnico que caracterice el suelo y el nivel freático, proyecto de entibamiento firmado por ingeniero calculista, y plan de emergencia ante colapso o inundación. Para cisternas en particular, la normativa exige el vaciado y limpieza certificada del tanque antes de la demolición, con constancia expedida por empresa habilitada para residuos. Las cisternas que hayan almacenado combustibles u otras sustancias peligrosas deben ser descontaminadas según los procedimientos de la Ley 24.051 antes de proceder con la demolición estructural. La ventilación forzada es obligatoria en cualquier espacio de trabajo con altura inferior a 2,5 metros o con escasa renovación de aire, conforme al Decreto 911/96. Los operarios que trabajen en estos espacios deben contar con EPP específico: casco con barbijo, arnés de seguridad, botas impermeables y equipo de comunicación permanente con la superficie.
Control de filtraciones y protección de estructuras linderas
Uno de los mayores riesgos en la demolición subterránea es la desestabilización de cimentaciones vecinas. La normativa exige la realización de un relevamiento previo del estado de las propiedades linderas, documentado mediante acta y fotografías, para deslindar responsabilidades ante daños posteriores. El Código Civil y Comercial (artículos 1710 a 1717) impone al propietario y al director de obra el deber de prevención de daños a terceros, con responsabilidad solidaria. Cuando la excavación supera los 2 metros de profundidad o se realiza a menos de 3 metros de una medianera, el plan de apuntalamiento debe contemplar micropilotes, muros tablestaca o soluciones equivalentes aprobadas por el municipio. El achique permanente de agua durante la obra debe realizarse con equipos certificados y el agua extraída debe canalizarse a la red cloacal o pluvial autorizada, nunca a la vía pública sin tratamiento previo.
Responsabilidades y seguros específicos
La empresa ejecutora de demolición subterránea debe contar con Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura ampliada para trabajos en subsuelo, dado que el riesgo de daños a terceros —especialmente hundimientos o fisuras en propiedades vecinas— es significativamente mayor que en obras convencionales. La ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) debe estar notificada específicamente de las tareas subterráneas, ya que implican riesgos adicionales cubiertos por primas diferenciadas. El Director Técnico habilitado es responsable civil y penalmente ante cualquier accidente. Según la Ley 19.587 y su Decreto reglamentario 351/79, el empleador debe garantizar condiciones de trabajo seguras y puede ser imputado por incumplimiento. CAEDE recomienda a sus asociados mantener un registro fotográfico diario del avance de la obra subterránea como respaldo ante eventuales reclamos.