El uso de explosivos en demolición es una de las actividades más reguladas de toda la industria de la construcción en Argentina. Requiere habilitaciones específicas del Ejército Argentino, autorización provincial, coordinación con fuerzas de seguridad y un protocolo de seguridad que no admite improvisaciones. Solo empresas especializadas con personal certificado pueden ejecutar este tipo de trabajos. Conocer el marco legal antes de cotizar o subcontratar una demolición con explosivos es indispensable para no asumir responsabilidades que no corresponden.
Autoridad de aplicación: el Ejército Argentino y la DGFM
En Argentina, los explosivos de uso civil están bajo jurisdicción del Ejército Argentino a través de la Ley 20.429 (Armas y Explosivos) y su decreto reglamentario 302/83. La autoridad que otorga los permisos de adquisición, transporte, almacenamiento y uso de explosivos es la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) junto con el Comando de Arsenales del Ejército. Ninguna empresa puede adquirir ni usar explosivos sin estar inscripta en el Registro Nacional de Usuarios de Explosivos y contar con un operador calificado habilitado individualmente. La habilitación empresaria y la personal son independientes: el titular de la empresa puede tener la licencia, pero quien opera en terreno necesita la propia.
Requisitos para obtener la habilitación de uso
El proceso de habilitación es largo y exige documentación técnica, legal y de seguridad. Los principales requisitos son: inscripción como usuario de explosivos ante el Ejército (formulario IM-12), acreditación de capacitación técnica del personal operativo, póliza de seguro específica para operaciones con explosivos con sumas aseguradas muy superiores a las de una obra convencional, depósito habilitado para almacenamiento (con características constructivas y de seguridad que establece el Ejército), y plan de vuelo controlado para demolición implosiva que debe aprobarse con al menos 30 días de anticipación. Además, la Policía Federal o provincial según jurisdicción debe ser notificada con antelación. En zonas urbanas, el permiso municipal es requisito adicional e incluye estudio de onda expansiva y análisis de afectación a estructuras vecinas.
Protocolo operativo: zonas de exclusión y comunicación
El protocolo de seguridad para una demolición con explosivos tiene pasos no negociables. Primero, el estudio previo de la estructura: tipo de hormigón, presencia de materiales peligrosos (especialmente asbesto), planos originales. Segundo, la preparación de la estructura: debilitamiento calculado de columnas y muros para dirigir el colapso. Tercero, el acordonamiento de zona de exclusión: radio mínimo variable según el tamaño de la estructura, normalmente entre 200 y 500 metros. Cuarto, notificación a vecinos y medios: en obras urbanas es obligatorio avisar con al menos 48 horas de anticipación. Quinto, el disparo y monitoreo sísmico post-detonación. Sexto, la gestión del polvo y residuos generados por el colapso. Toda esta secuencia debe estar documentada en el Plan de Demolición Controlada que la autoridad aprueba antes de ejecutar.
Responsabilidades y seguros específicos
Las responsabilidades legales en una demolición con explosivos son amplias. El contratista principal es responsable ante el comitente, ante terceros afectados y ante el Estado. Si hay daños a estructuras vecinas, la responsabilidad es objetiva (no hace falta probar culpa). La póliza de seguro de responsabilidad civil para explosivos debe cubrir como mínimo daños a terceros, daños a bienes linderos y responsabilidad patronal del personal involucrado. Las aseguradoras habitualmente exigen que el operador esté habilitado por el Ejército como condición de validez de la póliza. Sin esa habilitación, la cobertura no aplica. Las empresas asociadas a CAEDE tienen acceso a orientación para identificar los seguros adecuados y los contratistas especializados habilitados. Escribinos a contacto@caede.com.ar.